La simbiosis de los Díaz-(estiba) con los políticos canarios.
La conexión de los Díaz con Coalición Canaria y el PSOE canario.
Puertos y Navieras 15/05/2019
Por Enrique Arráiz-Curbelo.
Escribía Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el Sabio, <<el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a ellos>>.
Son muchos los que se preguntan por qué los estibadores portuarios, a razón de lo que ganan, no realizan un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos que corren.
La respuesta no esta en el colectivo de trabajadores, está en los sindicatos que les dirigen. Desde la aprobación del “RDL” que supuestamente pone fin al conflicto de la estiba, Coordinadora ha venido festejando en compañía de políticos, simpatizantes y allegados, el apoyo recibido durante su lucha.
Por ejemplo, la reunión habida entre de La Encina con Coordinadora enalteciendo los logros del decreto de la estiba aprobado bajo el mandato del PSOE. Hay quien pone en duda, que esos logros alcanzados se reviertan única y exclusivamente en los estibadores.

Existe un personaje que si bien permanece en la sombra puede considerarse el artífice de la obra magnánima del sindicalismo portuario, el asesor jurídico de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Víctor Díaz.
Su hermano Alberto Díaz, es el actual regidor de la Ciudad de La Laguna en Tenerife, ambos, históricos miembros del nacionalismo canarios representados en ATI (antigua Agrupación Tinerfeña de Independientes) hoy llamada Coalición Canaria.
Su influencia en la política canaria se ha dejado sentir durante décadas, padrinos políticos de personajes como Antolín Goya coordinador general de los estibadores, Fernando Clavijo actual presiente del gobierno de Canarias y la consejera de la Hacienda canaria, Rosa Dávila, todos pertenecientes a Coalición Canaria.
En una reciente celebración pública promovida por Coordinadora en Santa Cruz de Tenerife, tuvo como anfitriones, por ejemplo, a Antolín Goya. Agradecían a Coalición Canaria y en especial, a Ana Oramas, su apoyo en su lucha contra el PP.

Lo inédito es que en ningún momento ha estado en las manos de políticos canarios la aprobación del decreto socialista de la estiba salvo que, desde la sombra, llegasen a algún tipo acuerdos que no es de dominio público, como es habitual, falta de transparencia.
Presentes en el acto estaban Víctor Díaz, el propio presidente de Canarias Clavijo, Ana Oramas, así como Rosa Dávila consejera autonómica de la Hacienda canaria y Alberto Díaz, alcalde de La Laguna. Algún representante sindical de Coordinadora se les vio en la fiesta.
La cuestión es, ¿qué tienen en común todos estos personajes allegados a Coordinadora? Por una parte, todos pertenecen a Coalición Canaria, o al menos eso dicen. Por acción o por omisión, son responsables de la condonación de la deuda tributaria a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, es decir las Sagep canarias que pagaremos todos los contribuyentes en las islas.
La Agencia Tributaria Canaria les reclamaba el pago del impuesto canario, el IGIC, equivalente al IVA en la península Ibérica. Según una inspección realizada por la hacienda del gobierno de Canarias, las Sagep dejaron de ingresar el Impuesto General Indirecto Canario a liquidar por determinadas prestaciones de servicios de cesión de personal en relación con la carga o descarga de buques afectos a la navegación marítima internacional, que incide especialmente en el Puerto de Las Palmas.
Sin la condonación, Sagep Las Palmas esta abocada a su liquidación y como única alternativa para algunos estibadores, sería la subrogación obligatoria a las empresas eliminando la relación laboral especial que se mantendría en los centros portuarios de empleo.
Sería una oportunidad para las empresas como Opcsa que busca la manera de reducir su dependencia al cien por cien del factor humano, después de años de conflictos y confrontaciones con el sindicato de estibadores de Miguel Rodríguez.
La condonación por parte de Coalición Canaria (CC), podría tratarse de una “compensación”, que obedecería a la más que presumible salida del gobierno regional después de casi 30 años en el poder. Los favores se pagan y es evidente que los hermanos Díaz hacen todo lo posible para que sus protegidos políticos, Dávila, Clavijo e incluso el propio Goya; salven al empresario Miguel Rodríguez de una probable hecatombe con la liquidación de su Sagep a cuenta de la deuda que mantienen.
Ibarra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hoy se postula al Cabildo de Gran Canaria por el PSOE en las próximas elecciones autonómicas a celebrar este mes; prometió en su día a los estibadores la continuidad de la plena actividad en Las Palmas.
Sin embargo, ha levantado la polémica en contra de la condonación de la deuda señalando su ilegalidad.
El problema hoy en día es que el motor de la actividad portuaria, el transbordo internacional, está cayendo a un promedio del 41 por ciento desde hace meses.
La deuda histórica que sostiene desde 2003 la sociedad de estibadores de Las Palmas hace indefendible la conversión a centro portuario de empleo de la actual Sagep sin que se produzca una profunda merma en la plantilla, incluso su desaparición.
Por su parte, Miguel Rodríguez ha tenido que tirar de sus influencias y a pesar de su mala relación con Antolín Goya a quien intentó arrebatar la presidencia de Coordinadora, la intervención de los hermanos Díaz ha sido crucial para evitar la desaparición del colectivo de estibadores en Las Palmas tal y como la conocemos hoy en día.
Clavijo, presidente hasta finales de mayo, tiene difícil su reelección. No es debido a su situación de encausado en un proceso penal en los tribunales canarios. Su partido, Coalición Canaria, está cayendo en las encuestas en favor del PSOE que se impone junto a PP en Canarias.
Clavijo está inmerso en un proceso penal como imputado en un caso de corrupción y prevaricación de fondos públicos en el Ayuntamiento de La Laguna, el llamado “caso grúa”.
Se dan las circunstancias que Clavijo fue alcalde de La Laguna, el mismo que casualmente regenta José Alberto Díaz Domínguez, hermano del asesor jurídico de Coordinadora, Víctor Díaz.
Goya, no dirije el cotarro de la estiba, lo hace Víctor Díaz a través de su bufete de abogados laboralistas JOSUCAN, junto a la esposa del presidente Clavijo, es decir todo queda en casa.
Rosa Dávila por su parte, tuvo como padrinos a los hermanos Díaz para acceder al cargo, muy señalado, como consejera de la hacienda canaria y por mandato de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
Es obvio que Clavijo solo puede recibir un trato de favor en el proceso penal que se lleva contra él, solo con la intervención de los hermanos Díaz. Desde que se conociese la noticia sobre la quita de la deuda a la Sageppor parte de Clavijo, las empresas del Puerto de Las Palmas se han opuesto entiendo que se trata de la única vía, la deuda, para reconducir la reforma y tomar el control de sus actividades en el recinto Gran Canario.
Es toda una evidencia que los hermanos Díaz viven de lo que aportan las empresas a Coordinadora y la única forma es manteniendo los actuales censos de estibadores.
La última propuesta de Antolín Goya para frenar la automatización y con ello, frenar la merma de trabajadores, es descargar los barcos con burros, al menos esa es la impresión que ha dado al declararse en contra de la transformación inteligente de las terminales.
Puertos y Navieras 15/05/2019
Por Enrique Arráiz-Curbelo.
Escribía Marco Aurelio Antonino Augusto, apodado el Sabio, <<el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a ellos>>.
Son muchos los que se preguntan por qué los estibadores portuarios, a razón de lo que ganan, no realizan un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos que corren.
La respuesta no esta en el colectivo de trabajadores, está en los sindicatos que les dirigen. Desde la aprobación del “RDL” que supuestamente pone fin al conflicto de la estiba, Coordinadora ha venido festejando en compañía de políticos, simpatizantes y allegados, el apoyo recibido durante su lucha.
Por ejemplo, la reunión habida entre de La Encina con Coordinadora enalteciendo los logros del decreto de la estiba aprobado bajo el mandato del PSOE. Hay quien pone en duda, que esos logros alcanzados se reviertan única y exclusivamente en los estibadores.
Existe un personaje que si bien permanece en la sombra puede considerarse el artífice de la obra magnánima del sindicalismo portuario, el asesor jurídico de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Víctor Díaz.
Su hermano Alberto Díaz, es el actual regidor de la Ciudad de La Laguna en Tenerife, ambos, históricos miembros del nacionalismo canarios representados en ATI (antigua Agrupación Tinerfeña de Independientes) hoy llamada Coalición Canaria.
Su influencia en la política canaria se ha dejado sentir durante décadas, padrinos políticos de personajes como Antolín Goya coordinador general de los estibadores, Fernando Clavijo actual presiente del gobierno de Canarias y la consejera de la Hacienda canaria, Rosa Dávila, todos pertenecientes a Coalición Canaria.
En una reciente celebración pública promovida por Coordinadora en Santa Cruz de Tenerife, tuvo como anfitriones, por ejemplo, a Antolín Goya. Agradecían a Coalición Canaria y en especial, a Ana Oramas, su apoyo en su lucha contra el PP.
Lo inédito es que en ningún momento ha estado en las manos de políticos canarios la aprobación del decreto socialista de la estiba salvo que, desde la sombra, llegasen a algún tipo acuerdos que no es de dominio público, como es habitual, falta de transparencia.
Presentes en el acto estaban Víctor Díaz, el propio presidente de Canarias Clavijo, Ana Oramas, así como Rosa Dávila consejera autonómica de la Hacienda canaria y Alberto Díaz, alcalde de La Laguna. Algún representante sindical de Coordinadora se les vio en la fiesta.
La cuestión es, ¿qué tienen en común todos estos personajes allegados a Coordinadora? Por una parte, todos pertenecen a Coalición Canaria, o al menos eso dicen. Por acción o por omisión, son responsables de la condonación de la deuda tributaria a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, es decir las Sagep canarias que pagaremos todos los contribuyentes en las islas.
La Agencia Tributaria Canaria les reclamaba el pago del impuesto canario, el IGIC, equivalente al IVA en la península Ibérica. Según una inspección realizada por la hacienda del gobierno de Canarias, las Sagep dejaron de ingresar el Impuesto General Indirecto Canario a liquidar por determinadas prestaciones de servicios de cesión de personal en relación con la carga o descarga de buques afectos a la navegación marítima internacional, que incide especialmente en el Puerto de Las Palmas.
Sin la condonación, Sagep Las Palmas esta abocada a su liquidación y como única alternativa para algunos estibadores, sería la subrogación obligatoria a las empresas eliminando la relación laboral especial que se mantendría en los centros portuarios de empleo.
Sería una oportunidad para las empresas como Opcsa que busca la manera de reducir su dependencia al cien por cien del factor humano, después de años de conflictos y confrontaciones con el sindicato de estibadores de Miguel Rodríguez.
Ibarra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hoy se postula al Cabildo de Gran Canaria por el PSOE en las próximas elecciones autonómicas a celebrar este mes; prometió en su día a los estibadores la continuidad de la plena actividad en Las Palmas.
Sin embargo, ha levantado la polémica en contra de la condonación de la deuda señalando su ilegalidad.
El problema hoy en día es que el motor de la actividad portuaria, el transbordo internacional, está cayendo a un promedio del 41 por ciento desde hace meses.
La deuda histórica que sostiene desde 2003 la sociedad de estibadores de Las Palmas hace indefendible la conversión a centro portuario de empleo de la actual Sagep sin que se produzca una profunda merma en la plantilla, incluso su desaparición.
Por su parte, Miguel Rodríguez ha tenido que tirar de sus influencias y a pesar de su mala relación con Antolín Goya a quien intentó arrebatar la presidencia de Coordinadora, la intervención de los hermanos Díaz ha sido crucial para evitar la desaparición del colectivo de estibadores en Las Palmas tal y como la conocemos hoy en día.
Clavijo, presidente hasta finales de mayo, tiene difícil su reelección. No es debido a su situación de encausado en un proceso penal en los tribunales canarios. Su partido, Coalición Canaria, está cayendo en las encuestas en favor del PSOE que se impone junto a PP en Canarias.
Clavijo está inmerso en un proceso penal como imputado en un caso de corrupción y prevaricación de fondos públicos en el Ayuntamiento de La Laguna, el llamado “caso grúa”.
Se dan las circunstancias que Clavijo fue alcalde de La Laguna, el mismo que casualmente regenta José Alberto Díaz Domínguez, hermano del asesor jurídico de Coordinadora, Víctor Díaz.
Goya, no dirije el cotarro de la estiba, lo hace Víctor Díaz a través de su bufete de abogados laboralistas JOSUCAN, junto a la esposa del presidente Clavijo, es decir todo queda en casa.
Rosa Dávila por su parte, tuvo como padrinos a los hermanos Díaz para acceder al cargo, muy señalado, como consejera de la hacienda canaria y por mandato de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias.
Es obvio que Clavijo solo puede recibir un trato de favor en el proceso penal que se lleva contra él, solo con la intervención de los hermanos Díaz. Desde que se conociese la noticia sobre la quita de la deuda a la Sageppor parte de Clavijo, las empresas del Puerto de Las Palmas se han opuesto entiendo que se trata de la única vía, la deuda, para reconducir la reforma y tomar el control de sus actividades en el recinto Gran Canario.
Es toda una evidencia que los hermanos Díaz viven de lo que aportan las empresas a Coordinadora y la única forma es manteniendo los actuales censos de estibadores.
La última propuesta de Antolín Goya para frenar la automatización y con ello, frenar la merma de trabajadores, es descargar los barcos con burros, al menos esa es la impresión que ha dado al declararse en contra de la transformación inteligente de las terminales.
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